Los responsables de las violaciones a los derechos humanos, así como ciertos sectores no golpeados por la violencia oficial, proponen llegar pronto a la reconciliación de la sociedad, para reconstruir el país. Aquí no les interesa para nada saber la verdad de los hechos. Mucho menos que se haga justicia. Desconocen que en 1985 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció que "Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro." Además, tienen temor de escarbar, remover el pasado, agitar las aguas. El fantasma de la dictadura militar sigue presente como una amenaza latente.
Los familiares y amigos de las víctimas, los grupos de derechos humanos, y algunos sectores de la sociedad reclaman el conocimiento de la verdad y la aplicación de la justicia como pasos previos a la reconciliación nacional. Como lo indica Luis Pérez Aguirre, "Se ha dicho que hurgar en estos acontecimientos del pasado es abrir nuevamente las heridas del pasado. Nosotros nos preguntamos, por quien y cuándo se cerraron esas heridas. Ellas están abiertas y la única manera de cerrarlas será logrando una verdadera reconciliación nacional que se asiente sobre la verdad y la justicia respecto de lo sucedido. La reconciliación tiene esas mínimas y básicas condiciones."
El jurista peruano Carlos Chipoco, precisa, además, que el derecho a la verdad tiene fundamentos doctrinarios jurídicos y prácticos; y que la verdad debe ser completa, oficial, pública e imparcial. Agrega que la búsqueda de la verdad es importante, por un deber moral hacia las víctimas, los familiares y los deudos, para descubrir y sancionar a los culpables, para afirmar la democracia y el control ciudadano de las instituciones públicas y para evitar que las violaciones se repitan. Finalmente, Chipoco sostiene que el respeto del derecho a la verdad es importante para abrir la posibilidad del perdón y la reconciliación, y para cumplir con el Derecho Internacional.
El derecho a la verdad es parte de la reparación del daño ocasionado por los agentes del Estado, reparación que además debe incluir medidas de carácter económico, social, médico, jurídico, para tratar de reivindicar la memoria de las victimas y aliviar en parte la tragedia ocasionada a los familiares afectados.
En base a su experiencia en Chile, el médico psiquiatra Carlos Madariaga afirma que existe un confusionismo conceptual respecto a lo que se entiende por reparación. Aclara que generalmente las instancias gubernamentales han entendido la reparación de manera reduccionista, privilegiando las soluciones pecuniarias, en desmedro de los aspectos jurídicos, éticos, sociopolíticos y psicosociales, hecho que ha generado en las víctimas fuertes sentimientos de frustración y desencanto, estados psicoemocionales que han hecho abortar en gran medida los esfuerzos de reparación en curso.
La acrobacia política permite que los gobiernos de transición atiendan, en cierta medida, las exigencias de justicia y de reconciliación, prefiriendo esta última, como garantía de "estabilidad democrática". Por eso ponen más empeño en favorecer la impunidad de los violadores de los derechos humanos, volviendo a agredir así, en nombre de la reconciliación, a los familiares de las víctimas.
